Una ciudad en Buenos Aires aprobó la producción de cannabis medicinal | HISTÓRICO


Una ordenanza aprobada por unanimidad autoriza a la Comuna a cultivar marihuana para uso terapéutico e investigación.

El Concejo Deliberante de Hurlingham aprobó por unanimidad una ordenanza que permite a la Comuna el cultivo de plantas de marihuana para investigación y tratamiento de personas que necesiten del aceite de cannabis según prescripción médica.

De este modo se convirtió en el único distrito de Buenos Aires en contemplar la producción por parte del Estado Municipal con fines medicinales.

“Si bien ya hay otros dos Municipios (General Lamadrid y San Vicente) que aprobaron la producción pública para la investigación, lo novedoso en este caso es que Hurlingham será el primero en incorporar el uso terapéutico porque cuenta con la infraestructura para esto. La producción se hará en el laboratorio municipal”, explicó Martín Rodríguez Alberti, presidente del Concejo Deliberante.

El titular del cuerpo legislativo fue quien presentó el proyecto elaborado con participación activa de la ONG local Annanda Cultiva, integrada por al menos 100 personas con enfermedades que requieren de tratamientos con aceite de cannabis.

Juntos. Parte del grupo Annanda Cultiva junto al presidente del Concejo, Rodríguez Alberti, antes de la sesión donde se aprobó el proyecto.

La ordenanza, convalidada en la sesión del viernes 13 de septiembre, establece la creación del Consejo Consultivo del Cannabis Medicinal a nivel local, que estará conformado por usuarios y sus familiares, profesionales referentes en la materia, miembros de los departamentos Ejecutivo y Legislativo, universidades y ONGs. El objetivo de este órgano será garantizar la transparencia del proceso.

Esta sanción es el primer paso y ahora el Ejecutivo municipal debe promulgar y reglamente la ordenanza, algo que se descuenta. Luego vendría la aprobación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y llegar a un acuerdo con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) para que aporte personal especializado.

El proyecto que se votó no determina cómo va a ser la distribución del aceite de cannabis ni especifica si el mismo será gratuito para los vecinos que lo necesitan. “Hay mucho por recorrer. No sabemos cuánto va a rendir ni qué demanda va a haber. Lo que sí es seguro es que deberá ser recetada por un médico”, dijo el titular del Concejo. Y aclaró que la ordenanza se pensó para que el acceso sea gratuito pero “es una decisión que tiene que tomar el Ejecutivo”.

El uso de aceite de cannabis con fines medicinales se expande.

La redacción de este proyecto llevó más de un año. Tras la aprobación, el grupo Annanda Cultiva seguirá involucrada en su implementación.

“En la semana nos vamos a empezar a reunir para definir cómo será, pero además del requerimiento de prescripciones médicas, estimamos que se establecerá algún tipo de registro”, dijo Casandra Collazo, presidenta de la ONG y madre de un nene de 8 años que padece neurofibromatosis tipo 1, una enfermedad que hace que el sistema nervioso dispare tumores.

En su caso, el uso de cannabis medicinal provocó en el niño la disminución de las células cancerígenas y una gran recuperación.

Collazo, así como gran parte de quienes recurren a esta terapia, tiene autocultivos en los que producen su propio aceite de cannabis. Esto se debe a que el medicamento es difícil de conseguir, las obras sociales no lo cubren -salvo que se presente una medida de amparo y se superen diferentes trabas y requisitos-, y es muy costoso: un frasco que cuesta $30 mil puede durar alrededor de un mes en el caso de quienes utilizan una gota por día, y menos si las dosis son mayores. Además, hay diferentes recetas para preparar el aceite en función de la genética de la planta y de la necesidad del paciente.

La Ley Nacional 27.350, sancionada en 2017, crea las condiciones para que el Estado se ocupe de investigar, plantar, producir y comercializar el cannabis en laboratorios públicos bajo la supervisión y control del INTA y el Conicet. La misma prevé la conformación de un registro y limita el alcance a aquellos pacientes que sufren de epilepsia refractaria. “La Ley Nacional no funciona porque el INTA no cultiva por falta de presupuesto”, lamenta Collazo.